El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que se respetará el derecho a la manifestación pacífica, pero advirtió que no se permitirá la violencia ni los bloqueos que afecten la movilidad y los derechos de terceros.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, defendió la reforma del Decreto 003 de 2021, que establece lineamientos para la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales en Colombia. Según el funcionario, los cambios buscan mantener el equilibrio entre el derecho a la protesta y las libertades de quienes no participan en ella.

El jefe de la cartera política afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso con las garantías democráticas y el diálogo como herramientas para resolver las inconformidades ciudadanas. Sin embargo, señaló que la mediación previa podrá omitirse cuando exista violencia manifiesta que requiera una intervención inmediata.

“Respetamos el derecho a la protesta y también los derechos de quienes no protestan”, expresó Lara, al insistir en que las manifestaciones deben desarrollarse sin agresiones contra las personas ni daños a los bienes públicos o privados.

El ministro también comparó el marco normativo colombiano con las disposiciones de países europeos y Estados Unidos. A su juicio, Colombia conserva garantías importantes para la movilización social, entre ellas la posibilidad de iniciar protestas sin autorización previa, conforme a las condiciones establecidas por la jurisprudencia.

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue el rechazo a los bloqueos que afectan el transporte público y la vida cotidiana. Lara mencionó las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando se interrumpen las operaciones de TransMilenio en Bogotá y aseguró que las inconformidades sociales deben atenderse sin generar caos.

Asimismo, reiteró que el debate democrático es legítimo, pero rechazó la combinación de manifestaciones con acciones violentas.

La reforma abre nuevamente el debate sobre los límites de la protesta social, la actuación policial y la protección de los derechos ciudadanos. Su aplicación será determinante para establecer cómo se garantiza la movilización pacífica sin desconocer las libertades de los demás colombianos.

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